El Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA es una institución pública descentralizada del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Es el órgano técnico - ejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria (Art. 17 de la Ley No 1715).

Es el organismo responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país.

Proporcionar servicios que coadyuven a la seguridad jurídica del derecho propietario de la tierra, a través del Catastro Rural Legal y el Saneamiento; la distribución de la tierra, la emisión de títulos, certificaciones catastrales rurales legales y de saneamiento; el adecuado desarrollo de programas de asentamientos humanos a favor de todas aquellas personas involucradas en el tema agrario de una manera relevante y pertinente a sus demandas.

Se espera que para el año 2013, fruto de los esfuerzos institucionales del INRA y con el concurso comprometido de las organizaciones e instituciones aliadas lo siguiente:

Con todas las tierras agrarias del país tituladas y con seguridad jurídica, se ha contribuido a sentar las bases para la expansión y desarrollo agrario con equidad, y para la reconstitución de los territorios indígenas.

El estado cuenta con tierras fiscales identificadas y recuperadas, para su distribución y redistribución a los pueblos y comunidades indígenas, originarias y campesinas sin tierra o con poca tierra.

Los municipios cuentan con información confiable y estandarizada sobre la propiedad agraria y capacidades técnicas para su administración.

El INRA tiene una sólida institucionalidad y solvencia técnica y moral, que le ha permitido recuperar alta confianza y credibilidad en la población.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene las siguientes atribuciones:

1. Dirigir, coordinar y ejecutar políticas, planes y programas de, reagrupamiento y redistribución de tierras, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y originarias que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra;

2. Proponer, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas y los programas de asentamientos humanos comunarios, con pobladores nacionales;

3. Emitir y distribuir títulos, en nombre de la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma Agraria, sobre tierras fiscales incluyendo las expropiadas o revertidas a dominio de la Nación, tomando en cuenta la vocación de uso del suelo establecida en normas legales correspondientes;

4. Emitir disposiciones técnicas para la ejecución del catastro rústico legal de la propiedad agraria, coordinar su ejecución con los municipios y otras entidades públicas o privadas;

5. Determinar la ubicación y extensión de las tierras fiscales disponibles, de las tierras comunitarias de origen, de las áreas clasificadas por normas legales y de la propiedad agraria en general;

6. Expropiar fundos agrarios, de oficio por la causal de reagrupamiento y redistribución, o a denuncia de la Superintendencia Agraria, por incumplimiento de la función económico-social, en los términos establecidos en esta ley;

7. Revertir tierras de oficio o a denuncia de las entidades recaudadoras o beneficiarias de impuestos, de las comisiones agrarias departamentales y de la Comisión Agraria Nacional, por la causal de abandono establecida en esta ley;

8. Determinar y aprobar las áreas y superficies a distribuir por dotación o adjudicación de tierras, de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra y a las necesidades socio-económicas del país, previo dictamen de las comisiones agrarias departamentales;

9. Promover la conciliación de conflictos emergentes de la posesión y del derecho de propiedad agraria;

10. Actualizar y mantener un registro sobre tierras distribuidas, sus beneficiarios y la disponibilidad de tierras fiscales. Esta información tendrá carácter público;

11. Coordinar sus actividades con las entidades públicas y privadas encargadas de dotar de infraestructura, de servicios básicos y de asistencia técnica a zonas de asentamientos humanos;

12. Certificar derechos existentes en tierras fiscales destinadas a la conservación, investigación, ecoturismo y aprovechamiento forestal; y

13. Otras que le asigne la Ley 1715 y su reglamento.